En un acto celebrado en Barcelona, el presidente del COCARMI, Antonio Guillén, ha mostrado su "decepción" por el nivel de cumplimiento de la norma, que ha sido "muy inferior al que se había previsto" y por un sistema de copago que hace "que algunas personas tengan que pagar mucho más de lo que reciben". Por su parte, el secretario general del COCARMI, Enric Botí, considera que "copago confiscatorio es aquel que te quita incluso lo que no tienes". 

 

Es el caso, entre otros, de Raquel Blanca, joven de 30 años que va en silla de ruedas desde hace once y que vive en una residencia. Con una pensión de 605 euros, Raquel Blanca ha explicado que ha pasado de pagar 305 euros a unos 1.300 por el servicio residencial debido al hecho de que ahora se tiene en cuenta, además de la pensión, la indemnización recibida por el accidente. Si esta forma de valoración no se corrige, "tendré que dejar la residencia y volver a casa", con la consiguiente pérdida de autonomía. 

 

Otro caso es el de Isabel Juscafresa, de Palafrugell, a la cual, después de pagar los servicios residenciales, sólo le quedan 130 euros para sus gastos, a todas luces insuficientes para poder vivir más allá de la residencia o hacer frente a los costes de los tratamientos de su discapacidad, con unos problemas de salud que se agravan con el tiempo. Juscafresa ha lamentado que desde la administración se crea que no necesitan nada porque en las residencias "lo tenemos todo cubierto". "Lo tenemos todo cubierto si nos quedamos cerrados en la habitación y no salimos para nada", con lo cual se da un paso atrás en la tan deseada integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 

 

Para poder cambiar un sistema de dependencia que, en palabras de Guillén, está "colapsado", el COCARMI se ha sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el CERMI, del cual forma parte el COCARMI, para modificar la mencionada norma. El objetivo: establecer criterios claros, justos y equitativos sobre la participación de los usuarios en el coste de las prestaciones, de forma que ésta se realice en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y otros factores determinantes, como el patrimonio, la edad de aparición de la situación de dependencia y la esperanza de vida de la persona beneficiaria.

 

Para llevar este cambio legal al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación, la ILP tiene que ir acompañada de la recogida de 500.000 firmas. Por este motivo, el COCARMI y las asociaciones que lo integran apoyan y hacen suya la campaña "Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio" que acompaña la recogida de firmas.

 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pretende, por un lado, que queden exentos de copago las personas que reciban menos de 1.331 euros. Por otro, fijar una aportación máxima por persona que no supere el 60 por ciento del coste del servicio al cual accede. En tercer lugar, quiere garantizar a la persona dependiente una cantidad para gastos personales que no sea inferior al 40 por ciento de su capacidad económica.

 

En el caso de Catalunya, el COCARMI emplaza a la Generalitat a abrir un diálogo con las entidades sociales para modificar la normativa que regula el copago en el marco de sus competencias, para que éste sea más justo y equitativo. 

 

Según cifras oficiales del Observatorio del sector de atención a la dependencia estatal, entre  2009 y 2013 la aportación media de los usuarios por las ayudas que reciben se había disparado un 68 por ciento, pasando de 960 euros a 1.613. Esta situación está expulsando a muchas personas del sistema y las hace regresar a casa, a costa de la inclusión y la autonomía y de un retroceso en unos derechos que ha costado décadas conseguir.

 

En Catalunya, y de acuerdo con datos del Departamento de Bienestar Social y Familia, entre 2007 y 2014 se han solicitado más de 501.000 valoraciones de dependencia y más de 172.000 de revisión de la valoración. De éstas, más de la mitad son de personas mayores de 80 años. A finales de 2014 había más de 145.618 personas beneficiarias de prestaciones por dependencia. Los representantes del COCARMI han querido recordar que todo el mundo, en algún momento u otro de su vida, puede ser usuario de las ayudas por dependencia, por lo cual han hecho un llamamiento a la sociedad a firmar la ILP.